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De Inverlink a Swell Capital: Los diez casos financieros más mediáticos que ha tenido Chile en los últimos treinta años

Cada cierto tiempo, nuestro país se ve remecido por el impacto de algún escándalo mediático, a causa de un caso de fraude financiero de grandes proporciones. Hoy en día, el episodio que se está empezando a tomar las portadas es el de Swell Capital, pero antes hubo otros tanto o más graves que éste. A continuación les mostramos una breve descripción de los diez más emblemáticos.


Caso Eurolatina (1993)


El Caso Eurolatina es especialmente desgarrador, pues los principales afectados de esta maquinación fueron personas de escasos recursos, y muchos de ellos personas mayores. Pero más que un fraude, se trató de un grosero ejemplo del aprovechamiento legal del sistema financiero, hasta ese momento sin una regulación específica para ese tipo de circunstancias. 


Más de 500 personas de comunas populares de Santiago se vieron afectadas por apuros económicos, y para ello pidieron préstamos a Eurolatina, la cual cuando habían atrasos en el pago de las cuotas por parte de los afectados, los llevaba a perder su bien más preciado: su casa. 


El monto defraudado por el total de viviendas que la entidad privada obtuvo es

desconocido. Sólo se sabe que este caso -ocurrido en el año 1993- recién vio la luz en el año 2013, cuando los hermanos Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo y al ejecutivo Cristián Cisternas Aguirre, como autores de los delitos de usura y estafa, cometidos a través de la financiera Eurolatina, entre 1993 y 2000.


Lamentablemente, los afectados nunca recuperaron su dinero, y muchos de ellos (que ya eran ancianos para ese entonces) fallecieron antes de conocer la sentencia. Los culpables debieron cumplir una pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios.


Caso Chispas (1997)


Este caso en su momento fue bastante escandaloso, pues afectó la imagen no sólo de empresarios sino que también de importantes personajes políticos. De hecho, una de sus principales consecuencias fue que el entonces senador Sebastián Piñera no pudiese postular como candidato a la presidencia de la República para ese año. 


Todo comenzó cuando el empresario José Yuraszeck (militante de la UDI en ese momento) junto con otros cinco ejecutivos vendieron los paquetes accionarios de la compañía Enersis a Endesa España, haciéndolo a un precio privilegiado. 


El entonces senador Piñera fue acusado de aprovechar su posición como parlamentario, para así obtener un precio mayor que los demás accionistas de Enersis, obteniendo abultadas ganancias. “Yo negocio con el que me ofrece mejores condiciones. Pero la gran diferencia es que lo hago como dueño y sin representar a nadie”, declaró el entonces senador por Santiago Oriente al Diario La Segunda el 19 de noviembre de 1997. 


A causa de esto, José Yuraszeck junto a sus ex socios en Enersis, Marcos Zylberberg, Luis Fernando Mackenna, Marcelo Brito, Arsenio Molina y Eduardo Gardella se vieron obligados a pagar 75 millones de dólares como multa, pese a que el monto defraudado habría superado los mil millones de dólares. Por su parte, se produjo una profunda enemistad entre Piñera y Yuraszeck, la cual dura hasta nuestros días.


Caso Codelco (1994)


El mayor desfalco ocurrido en Chile corre por parte de Juan Pablo Dávila, protagonista del ignominioso Caso Codelco, descubierto en 1994.


Dávila era un alto ejecutivo de la cuprífera estatal, el cual estaba encargado de cerrar las ventas d cobre a entidades extranjeras. En aquel entonces, mediante acuerdos previos, él inflaba las comisiones que le otorgaba Codelco, quedándose con los excedentes. El monto de lo defraudado alcanzó a los 200 millones de dólares.


En 1997, Dávila es condenado a 3 años de cárcel por evasión tributaria y en 1999 a 8 años por falsificación de documento y negociación incompatible. Además, se le ordenó pagar una indemnización de 186 millones de dólares, más una multa por otros 23 millones adicionales.


Más tarde, en el 2016, Juan Pablo Dávila dio una entrevista con el programa Mentiras Verdaderas de La Red, dond


e se refirió al polémico caso: “Aquí nadie se llevó 200 millones de dólares para la casa. Hubo una serie de operaciones que generaron finalmente una situación de pérdida, que ni siquiera las generé yo, las provocaron las personas que cerraron el libro dentro de Codelco. El delito por el cual se me acusó no existe, tan simple como eso. Yo no cometí el delito por el cual me acusan y eso es lo que yo quiero probar”, aseguró.


Caso MOP Gate (2003)


Este caso de corrupción marcó a fuego a la entonces Concertación, durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Un total de 1.250 millones de pesos que pagó el Ministerio de Obras Públicas a diversos contratistas por trabajos cuyo costo había sido inflado o incluso, que nunca se realizaron.


Según reveló la investigación, al menos 129 funcionarios del MOP recibieron coimas para facilitar estas operaciones, popularizando los llamados “sobresueldos”. En total, 22 personas fueron procesadas por fraude al fisco, incluyendo al propio ministro de Obras Públicas de ese momento, Carlos Cruz.


El ex secretario de Estado fue condenado durante el año 2010 a 3 años de pena remitida además del pago de 800 millones de pesos como indemnización. El resto de los inculpados fueron sentenciados a diversos castigos, pero sin pena de cárcel efectiva.


Caso Inverlink (2003)


A principios del siglo XXI, Inverlink era uno de los grupos financieros más exitosos de Chile. Sin embargo, todo esto se vio manchado por una red de corrupción que cruzaba desde altos ejecutivos hasta autoridades de gobierno, pasando por secretarías y rangos medios.


Fue en febrero del año 2003 en que Carlos Massad (en ese entonces presidente del Banco Central) descubrió que su secretaria estaba enviando información privilegiada desde su computador personal hacia la corredora Inverlink, perteneciente al grupo del mismo nombre.


La red de corrupción de Inverlink incluyó la complicidad de decenas de funcionarios estatales durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos. Esta verdadera telaraña de fraudes financieros tenía cómplices en la Corfo y también la Superintendencia de Valores y Seguros, además de en entidades privadas como AFP Magister y la corredora de seguros Le Mans.


Los principales inculpados por el caso Inverlink fueron Eduardo Monasterio, Ignacio Wulf, Enzo Bertinelli y Javier Moya, y el monto total del desfalco se avaluó en 110 mil millones de pesos (232 millones de dólares). El impacto mediático de esta compleja red delictual impactó a todo el sistema financiero del país, provocando además la renuncia de Carlos Massad (presidente del Banco Central) y de Álvaro Clarke (regulador de valores).


En el año 2013, la Corte Suprema ordenó la restitución de 500 millones de pesos a Corfo, entidad que esperaba recuperar al menos 50 mil millones de los 86 mil millones que perdió a causa de dicha red de corrupción.


Caso Penta (2014)


Consiste en un emblemático caso de fraude al fisco, donde las Empresas Penta estafaron al Estado de Chile, mediante la utilización de facturas y boletas de honorarios “ideológicamente falsas”. Dichas boletas habrían servido para financiar campañas electorales de la Unión Demócrata Independiente (UDI), por lo cual el impacto mediático de este caso también tuvo un importante componente de corte político. 


En agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a siete funcionarios ligados a las Empresas Penta —entre ellos sus principales socios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín— por fraude tributario ante el Ministerio Público. Según la denuncia inicial, el grupo habría defraudado al Fisco por una cifra que que iría entre los 260 y los 660 millones de pesos. En enero de 2015, el SII denunció formalmente a Délano y Lavín, y a otras doce personas, por la emisión de facturas ideológicamente falsas.


De todos los imputados por el caso, finalmente fueron condenados por delitos tributarios el entonces senador Jovino Novoa, y los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Además de ellos, también fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito Pablo Wagner (subsecretario de Minería del gobierno del Presidente Sebastián Piñera).


Caso SQM (2015)


Este caso implicó a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), a la cual se le vinculó con financiamiento ilegal de candidatos y partidos de casi todo el espectro político existente en el país. 


Una de las curiosidades de este caso es que su investigación surgió a partir de la minuciosa indagación que se hizo durante el Caso Penta. De hecho, en un comienzo se le denominó “Arista SQM”, siendo parte de dicho proceso judicial. El principal inculpado fue el empresario Julio Ponce Lerou, el cual es uno de los hombres más millonarios de Chile, y a quien se le acusó de pagar más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas, con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y presidenciales. 


Durante la investigación de este caso se ha imputado al menos a 180 personas, varios de ellos políticos, algunos ya retirados de la esfera pública pero otros aún vigentes. Algunos de los funcionarios del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que debieron dejar su cargo por los coletazos de SQM fueron Rodrigo Peñailillo (ministro del Interior) y Michel Jorratt (director del Servicio de Impuestos Internos). Además se vio implicado al ex ministro y ex senador de la UDI, Pablo Longueira. 


En agosto de 2021, la Fiscalía decidió no perseverar en las investigaciones de 32 de los acusados, por no haber querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. Entre los 32 acusados que quedaron fuera de las investigaciones, se encontraban Rodrigo Peñailillo (ex ministro), Irina Rossi (hermana del ex parlamentario Fulvio Rossi), Jorge y Benjamín Pizarro (hijos del senador, Jorge Pizarro) Harold Correa (ex jefe de gabinete del exministro Nicolás Eyzaguirre) y Alex Matute (hermano de Jorge Matute Johns).


Caso Caval (2015)


Este caso judicial además significó un tremendo escándalo político, el cual afectó directamente a la Presidenta Michelle Bachelet, ya que uno de los principales inculpados fue su hijo, Sebastián Dávalos, junto a la esposa de éste, Natalia Compagnon. 


Sebastián Dávalos fue acusado de tráfico de influencias, que le habría ayudado en la habría ayudado a la obtención de un crédito por más de US $10 millones, aprobado poco después de que su madre ganara su segunda elección presidencial. Este crédito habría sido utilizado para comprar un terreno en Machalí, en la Región de O’Higgins, cuyo suelo era de uso agrícola.


Debido al previo cambio en el uso del suelo, pasando a ser de uso urbano, se habría  elevado la plusvalía de dicho terreno adquirido por Dávalos, beneficiando así a la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, de propiedad de su propia cónyuge, Natalia Compagnon. El escándalo fue bautizado inicialmente por la prensa como “Caso Nueragate”,​ y rebautizado luego por el Ministerio Público como “Caso Caval”.


El 11 de junio de 2018, se inició el juicio en contra de Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero. Finalmente no se pudo acreditar el supuesto soborno, siendo la teoría de la Fiscalía desestimada por el Tribunal Oral en lo Penal. Después de eso, no hubo más apelaciones (hasta ahora).


Caso Garay (2016)


Este caso fue sumamente mediático en nuestro país, ya que el principal implicado fue Rafael Garay, conocido ingeniero comercial y personaje rostro de diversos programas televisivos, que incluso hasta fue candidato a senador por la Región de Bío Bío. Él fue el mayor inculpado en el bullado episodio de estafas piramidales donde fueron timadas 26 personas, por un total de más de 1.800 millones de pesos. 


Lo curioso de este episodio es que además tuvo tintes novelescos, como su huída de Garay al extranjero, mezclada con un lío de faldas con un hijo de por medio, y además la posterior declaración que había mentido al confesar que padecía de una enfermedad mortal. 


Finalmente, Rafael Garay fue detenido en Rumanía, siendo extraditado a Chile. El ex panelista televisivo fue sentenciado el 18 de octubre de 2018 a siete años de cárcel efectiva por el delito de estafa reiterada.


Caso Swell Capital (2021)


Se trata del caso más reciente en lo que se refiere a desfalcos y fraudes financieros en nuestro país. Swell Capital -una firma dedicada a la gestión, ejecución y análisis de las posiciones en moneda extranjera- presentó una ostensible caída, la cual sería de al menos unos 6.900 millones de pesos en operaciones forward. Este caso ahora es investigado por la Justicia, y se encuentra en pleno ojo del huracán.


Swell -perteneciente a Octavio Gamboa, Nicolás Iglesias y Juan Luis Montalva- tenía dos fondos de inversión privados: un capital de US$1,2 millones, y el segundo, de US$2,8 millones, ambos bajo el cascarón de la administradora de fondos de inversión privados de Sartor (sociedad que este año tomó posesión de Azul Azul). Si bien estos fondos son administrados por Swell, están inscritos bajo el alero de Sartor, lo cual podría traerle insospechados ribetes mediáticos. 


Quien se autodenuncia es Gamboa, que a la vez es visto como posible sospechoso del entuerto. “Está confirmado que Swell ha sido víctima de un fraude urdido por Octavio Gamboa, quien se ha auto denunciado ante la Fiscalía. Ahora estamos abocados a determinar el alcance del fraude y definir posibles vías de solución para nuestros clientes”, asegura una fuente de Swell en un reciente reportaje publicado por el Diario La Tercera. 


Durante la primera semana del mes de septiembre salió humo blanco, ya que se supo de un principio de acuerdo entre Sartor AFI y los aportantes de los Fondos de Inversión Privado de Swell Capital, para así entregarle liquidez a los clientes de Swell que fueron perjudicados por el fraude cometido por Octavio Gamboa.


“Lo que busca este acuerdo es unir fuerzas entre Sartor y los aportantes, para anticipar parte de los fondos que, producto de este esfuerzo común, se espera recuperar de las garantías y montos defraudados, junto con crear un marco de colaboración para perseguir las responsabilidades penales y civiles de Swell, sus socios y relacionados”, explica el abogado penalista Gabriel Zaliasnik. 


Por su parte, Cristián Gandarillas (abogado de los aportantes afectados) agrega que “después de un proceso de negociación intenso con Sartor hemos llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Ahora comienza una nueva etapa de colaboración en busca de resarcir todos los perjuicios causados por Swell, por lo que de ahora en adelante, nos vamos a enfocar en perseguir las responsabilidades civiles y penales de todos quienes hayan participado de este fraude o deban responder por él”.


Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privados se hizo parte este lunes 07 de septiembre en la reorganización judicial de Swell Capital, la cual es llevada por el 12° Juzgado Civil, en representación de los dos fondos (Intra-Trade y Norswell) defraudados por la fallida gestora de inversiones.


La acción se llevó a cabo tras vencer el período de verificación de créditos y de la publicación de la nómina, constatando que no existían deudas acreditadas por el tribunal. Según se indicó, hay dos acreedores: Tanner (por $827 millones) y Banco de Chile (por $614 millones), que presentaron créditos ligados a la quiebra, pero el juzgado aún no los visa.

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